por Carmen Ibáñez
El desprecio hacia la presunción de inocencia de algunos jueces instructores.
Cuando la justicia deja de ser ciega, equilibrada, imparcial y ponderada o carente del más elemental sentido común y empieza a convertirse en un proceso que se asemeja a un ajuste de cuentas, a una tortura o un “por si acaso delinquían”, creo que el estado de derecho se encuentra en una situación muy preocupante.
Mi experiencia personal con la justicia y mis años de profesión me permiten afirmar que en principio el sistema, con sus equilibrios y diversas instancias se encuenta bien configurado. Sin embargo, los dilatados tiempos de resolución y la falta de profesionalidad de algunos de los primeros eslabones del procedimiento, no pueden dejar de recibir mi profundo reproche. Mucho más, cuando como ocurre en ocasiones, el protagonismo público y el antagonismo ideológico o personal de sus actores, se encuentran presentes y son el referente de las decisiones.
En los últimos años, los delitos económicos han cobrado un singular protagonismo. Para su investigación algunos jueces instructores vienen utilizando sin mesura la medida cautelar de prisión provisional, que principio se restringía a los delitos de extrema gravedad y sobre todo contra aquellos que ofrecían un peligro cierto contra la convivencia. Para ello se utiliza el ropaje de los presupuestos legales estirados hasta su máxima extensión.
Además, en el desarrollo de las pesquisas, cuando los presuntos delitos de corrupción afectan al sector público, las investigaciones se centran en los posibles incumplimientos y en la vulneración del derecho administrativo. Ámbito este, muy complejo y difícil y que abarca aspectos tan diversos como contratación, urbanismo, fiscalidad, medio ambiente etc. De esta forma la variada casuística de las presuntas prevaricaciones se ha elevado a la categoría de crímenes de extraordinaria gravedad. Tanto los investigadores policiales como los jueces instructores, husmean y analizan, sobre lo que nada saben, so pretexto de la comisión delictiva. Todo ello acompañado del secreto del sumario que se prolonga durante largos meses. Con estos mimbres se conforman las investigaciones, especialmente las macro causas. Y de esta forma el derecho a la libertad y a un proceso equitativo reconocidos por el Convenio europeo de derechos humanos se posterga a un oscuro rincón. Quien experimenta esta sombría realidad, ya sea inocente o culpable sabe que los tiempos de la inquisición no son pasado, y que ha reaparecido en el presente. Continuando con mi descripción diré que las personas investigadas no ofrecen el mínimo peligro para la convivencia, pero si se encuentren a buen recaudo la investigación es más relevante, y se convierte en un asunto extraordinario.
Es evidente que los escenarios descritos representan, una pérdida de nuestros derechos y libertades, por lo que no quiero dejar de insistir en la importancia del carácter excepcional con la que está concebida la medida de prisión provisional, al entrar en directa colisión con derechos tan fundamentales como son el de la libertad o a la presunción de inocencia, de que goza el investigado mientras no ha sido declarado culpable. Debido a ello, esta medida solo puede ser admisible en los casos tasados establecidos en el ordenamiento y siempre con un extra de motivación. Sin embargo, es frecuente encontrar que algunos autos de prisión, son meros formularios, repletos de frases estereotipadas y carentes de datos concretos, o de hechos o cifras de ninguna clase. El aliño siempre presente de los indicios, lo justifica prácticamente todo. Por poner un ejemplo, indicio delictivo puede ser llevar tu trabajo al día, o resolver con rapidez si los demás no lo hacen, porque el alto rendimiento en la administración no es admisible. En fin, que, ante el absurdo, cualquier defensa carece de sentido. Y con el secreto del sumario que se prolonga hasta la eternidad, y se fundamenta con apenas unas frases que no dicen nada, está completo el tenebroso escenario.
La aterradora descripción que realizó forma parte de una perversa realidad, que otorga un poder casi infinito al juez instructor y que se viene repitiendo con demasiada frecuencia en nuestros días. Es desconocida porque quienes se encuentran inmersos en la situación, saben que es mejor callar, una posible denuncia podría ampliar el cautiverio.
Esta atmósfera que estremece, lo conozco con detalle porque lo he vivido durante 10 largos años, y con salud de hierro. Y no puedo imaginar el sufrimiento si además le añadimos que el investigado se encuentra aquejado de una tremenda enfermedad con una extrema debilidad fisica, y anímica. En este caso, la presión se transformaría en una lenta tortura administrada con maestría. Me estoy refiriendo obviamente a la situación de Eduardo Zaplana, a quién se mantiene en prisión durante 6 largos meses sin conocer los cargos, en una instrucción que comenzó en el año 2015, con secreto del sumario y a quien se le entorpece la necesaria atención médica, que destacados especialistas le prescriben, además de la sociedad de hematología. Me ha producido sonrojo y vergüenza leer algunos de los últimos argumentos del último auto ene l que se rechaza la libertad del Sr. Zaplana “EN LOS PARAÍSOS FISCALES TAMBIÉN HAY HOSPITALES”. Estar fugado y en una cama recibiendo un duro tratamiento, no estimo sean elementos compatibles. Rechazar un dictamen médico de un especialista muy valorado, es temerario.
Entiendo que el sentido común y la cautela debe estar presente siempre en la justicia, porque de ocurrir un fatal desenlace más que ante una medida cautelar, nos encontraríamos con una sentencia irrecurrible, sin juicio, ni pruebas.
Artículo publicado aquí
Cuando la justicia deja de ser ciega, equilibrada, imparcial y ponderada o carente del más elemental sentido común y empieza a convertirse en un proceso que se asemeja a un ajuste de cuentas, a una tortura o un “por si acaso delinquían”, creo que el estado de derecho se encuentra en una situación muy preocupante.
Mi experiencia personal con la justicia y mis años de profesión me permiten afirmar que en principio el sistema, con sus equilibrios y diversas instancias se encuenta bien configurado. Sin embargo, los dilatados tiempos de resolución y la falta de profesionalidad de algunos de los primeros eslabones del procedimiento, no pueden dejar de recibir mi profundo reproche. Mucho más, cuando como ocurre en ocasiones, el protagonismo público y el antagonismo ideológico o personal de sus actores, se encuentran presentes y son el referente de las decisiones.
En los últimos años, los delitos económicos han cobrado un singular protagonismo. Para su investigación algunos jueces instructores vienen utilizando sin mesura la medida cautelar de prisión provisional, que principio se restringía a los delitos de extrema gravedad y sobre todo contra aquellos que ofrecían un peligro cierto contra la convivencia. Para ello se utiliza el ropaje de los presupuestos legales estirados hasta su máxima extensión.
Además, en el desarrollo de las pesquisas, cuando los presuntos delitos de corrupción afectan al sector público, las investigaciones se centran en los posibles incumplimientos y en la vulneración del derecho administrativo. Ámbito este, muy complejo y difícil y que abarca aspectos tan diversos como contratación, urbanismo, fiscalidad, medio ambiente etc. De esta forma la variada casuística de las presuntas prevaricaciones se ha elevado a la categoría de crímenes de extraordinaria gravedad. Tanto los investigadores policiales como los jueces instructores, husmean y analizan, sobre lo que nada saben, so pretexto de la comisión delictiva. Todo ello acompañado del secreto del sumario que se prolonga durante largos meses. Con estos mimbres se conforman las investigaciones, especialmente las macro causas. Y de esta forma el derecho a la libertad y a un proceso equitativo reconocidos por el Convenio europeo de derechos humanos se posterga a un oscuro rincón. Quien experimenta esta sombría realidad, ya sea inocente o culpable sabe que los tiempos de la inquisición no son pasado, y que ha reaparecido en el presente. Continuando con mi descripción diré que las personas investigadas no ofrecen el mínimo peligro para la convivencia, pero si se encuentren a buen recaudo la investigación es más relevante, y se convierte en un asunto extraordinario.
Es evidente que los escenarios descritos representan, una pérdida de nuestros derechos y libertades, por lo que no quiero dejar de insistir en la importancia del carácter excepcional con la que está concebida la medida de prisión provisional, al entrar en directa colisión con derechos tan fundamentales como son el de la libertad o a la presunción de inocencia, de que goza el investigado mientras no ha sido declarado culpable. Debido a ello, esta medida solo puede ser admisible en los casos tasados establecidos en el ordenamiento y siempre con un extra de motivación. Sin embargo, es frecuente encontrar que algunos autos de prisión, son meros formularios, repletos de frases estereotipadas y carentes de datos concretos, o de hechos o cifras de ninguna clase. El aliño siempre presente de los indicios, lo justifica prácticamente todo. Por poner un ejemplo, indicio delictivo puede ser llevar tu trabajo al día, o resolver con rapidez si los demás no lo hacen, porque el alto rendimiento en la administración no es admisible. En fin, que, ante el absurdo, cualquier defensa carece de sentido. Y con el secreto del sumario que se prolonga hasta la eternidad, y se fundamenta con apenas unas frases que no dicen nada, está completo el tenebroso escenario.
La aterradora descripción que realizó forma parte de una perversa realidad, que otorga un poder casi infinito al juez instructor y que se viene repitiendo con demasiada frecuencia en nuestros días. Es desconocida porque quienes se encuentran inmersos en la situación, saben que es mejor callar, una posible denuncia podría ampliar el cautiverio.
Esta atmósfera que estremece, lo conozco con detalle porque lo he vivido durante 10 largos años, y con salud de hierro. Y no puedo imaginar el sufrimiento si además le añadimos que el investigado se encuentra aquejado de una tremenda enfermedad con una extrema debilidad fisica, y anímica. En este caso, la presión se transformaría en una lenta tortura administrada con maestría. Me estoy refiriendo obviamente a la situación de Eduardo Zaplana, a quién se mantiene en prisión durante 6 largos meses sin conocer los cargos, en una instrucción que comenzó en el año 2015, con secreto del sumario y a quien se le entorpece la necesaria atención médica, que destacados especialistas le prescriben, además de la sociedad de hematología. Me ha producido sonrojo y vergüenza leer algunos de los últimos argumentos del último auto ene l que se rechaza la libertad del Sr. Zaplana “EN LOS PARAÍSOS FISCALES TAMBIÉN HAY HOSPITALES”. Estar fugado y en una cama recibiendo un duro tratamiento, no estimo sean elementos compatibles. Rechazar un dictamen médico de un especialista muy valorado, es temerario.
Entiendo que el sentido común y la cautela debe estar presente siempre en la justicia, porque de ocurrir un fatal desenlace más que ante una medida cautelar, nos encontraríamos con una sentencia irrecurrible, sin juicio, ni pruebas.
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