Apoyo a nuestro compañero Don Francisco Javier Lara, Decano del Ilustre colegio de abogados de Málaga

               La Asociación Española de Mujeres Juristas, integrada por mujeres profesionales del derecho, quiere manifestar su apoyo a nuestro compañero Don Francisco Javier Lara, quien ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal de Málaga número 15 a una multa de 5.400 euros por un delito de desobediencia.

 

Don Francisco Javier Lara, Decano del Ilustre colegio de abogados de Málaga

              El crimen cometido por su parte y que recibe el reproche penal no es otro que negarse,  en la condición de Decano del Ilustre colegio de abogados de Málaga que ostentaba en el momento de los hechos, a dar cumplimiento a una Resolución de un juzgado descontextualizada del momento y las circunstancias.

 

              La resolución obligaba a atender el servicio de guardia a detenidos el 6 de mayo de 2020 durante la vigencia del estado de alarma. Las razones de la negativa no fueron otras que intentar preservar la salud del colectivo de aquellos a los que representaba, pues los calabozos donde se debía acudir no cumplían las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la pandemia. La presencia física de los letrados del turno de oficio, o de cualquier otro que tuviera que asistir al detenido, ofrecía un riesgo y unas condiciones laborales hostiles.

 

              Esta Asociación considera que la profesión jurídica es una actividad de gran relevancia y que precisa para su correcto ejercicio de unas condiciones de dignidad y seguridad que deben ser mantenidas en todo momento. La asistencia letrada al detenido no es un mero trámite o un sencillo acompañamiento, sino un ejercicio intelectual de enorme trascendencia. Por lo tanto, no se puede devaluar o degradar como si fuera una actividad insignificante. O en la práctica haciéndola inviable, como ocurriría en este caso en una situación de pánico generalizado, si quien la practica piensa que se encuentra en riesgo o teme por su vida.

 

              Flaco favor hace a la ya degradada justicia, este tipo de comportamientos caprichosos y prepotentes de algunos jueces hacia aquellos con quienes necesariamente tienen que colaborar. Los letrados como ocurre en esta situación no deben ser reos, por ser actores destacados en el proceso. En este desgraciado asunto, es inadmisible una solución penal porque entra dentro de las relaciones institucionales u organizativas que, además de lealtad, precisan de una sana convivencia en el marco del respeto y la tolerancia.