Altodo llama a los abogados a ingresar 1 € en la cuenta corriente del Juzgado que instruye la causa contra Javier Lara

 

Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, junto a Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo, en una foto tomada el pasado año, al comienzo de una manifestación convocada en Madrid por esta asociación en su apoyo para protestar contra la investigación que se le abrió por estos hechos.

Carlos Berbell | 28/3/2022 01:30 | Confilegal

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha hecho un llamamiento público y urgente a todos 155.000 compañeros de los 83 Colegios de la Abogacía de España para que apoyen al decano emérito de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez.

Y lo hacen pidiendo que cada uno de ellos ingrese un 1 € en la cuenta del Juzgado de Instrucción 6 de esa ciudad.

Lara ha sido requerido para el pago de una fianza de 5.400 €, antes del 6 de abril, para cubrir una previsible multa por esa cantidad por haber cometido un supuesto delito de desobediencia a la autoridad el 6 de mayo de 2020. Por ello será juzgado.

Esa fue la imputación formal que el fiscal del caso, Antonio Francisco Román Capeli, hizo en su escrito de acusación.

Ahora Altodo propone, con este llamamiento, dar un paso más en apoyo material del decano emérito Lara convocando a todos los compañeros a ingresar ese euro de dos maneras:

O bien haciendo una transferencia –o ingreso directo– desde una cuenta corriente del Banco Santander, rellenando la numeración 2943000074023921, y haciendo constar como concepto de transferencia “Fianza Francisco Javier Lara Peláez”.

O mediante transferencia desde un banco distinto del Santander a la cuenta corriente número ES55 0049 3569 92 0005001274, anotando en el campo “Observaciones/Concepto: 2943000074023921 (en un solo bloque y sin espacios)”, reza en un comunicado.

EL ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN

Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga (ICAMálaga) ese 6 de mayo de 2020, con el respaldo de su Junta, se negó a enviar a 4 abogados del servicio del turno de oficio a los calabozos de la Ciudad de la Justicia para asistir a otros tantos detenidos ante el peligro de que pudieran contagiarse del COVID-19.

Ese día España llevaba confinada 51 días por la imposición del estado de alarma. Ya habían muerto 26.834 personas (1.334 en Andalucía); 122.439 habían sido hospitalizadas.

Los contagiados “oficiales” se elevaban a 235.400. Nadie sabía cómo se estaba transmitiendo el virus. Los calabozos, donde no existía protección alguna, eran focos de infección clara.

APOYO INCONDICIONAL A LARA

Altodo, al igual que otras asociaciones similares, colegios de abogados y sindicatos, apoyó a Lara y a ICAMálaga por tomar esa decisión, que no implicaba su negativa a hacer esa asistencia sino a hacerla de otra manera, por videoconferencia o teléfono, como ya se estaba realizando desde otros colegios de abogados, como el de Madrid, por ejemplo.

Un “apoyo incondicional” que esta Asociación ha vuelto a reiterar, “toda vez que no se trató de una decisión personal, sino adoptada por el órgano colegiado que encarnaba el gobierno de una Corporación de Derecho Público”, añaden.

CRÍTICAS A LA FISCALÍA

Altodo se muestra muy crítico con la decisión del Ministerio Fiscal de acusar al actual decano emérito promoviendo una “acusación contra quien actuó en estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en aquel momento y que otros incumplían, velando por la seguridad, salud e integridad física de los letrados adscritos al Turno de Oficio, como era su obligación estatutaria, y por la del resto de ciudadanos con los que los letrados interactúan”.

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno recuerda que lo que hicieron Lara y su Junta fue “sustituir temporalmente la atención presencial por la atención telemática a los detenidos durante el servicio de guardia de turno de oficio, como, en consonancia con la gravedad de la pandemia, y en ‘obediencia debida’ a la normativa entonces vigente”.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Altodo, sin embargo, expresa su confianza en el sistema judicial y espera finalmente impere la “cordura y sentido común que hasta el momento ha brillado por su ausencia en aquellos operadores jurídicos que han decidido abstraerse de toda la realidad circundante, incluida la legalidad entonces vigente, y que solo ha servido para visibilizar el riesgo y la valentía que a veces supone ejercer un cargo público cuando se actúa de forma coherente con sus responsabilidades estatutarias, de buena fe, en conciencia, con las mejores intenciones y, lo que es más importante, conforme a Derecho, todo ello en una situación absolutamente excepcional”.

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